PROCEDIMIENTO CONCURSAL
Rechazo de la solicitud de liquidación voluntaria en la Ley Nº 20.720
Análisis jurisprudencial de sentencias dictadas entre el año 2015 y 2021
En esta obra, que se encuentra en el marco de realización de tesis de Magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción durante el año 2021-2022, se analizan los factores más comunes que inciden en el juez concursal para rechazar una solicitud de liquidación voluntaria en la ley N.º 20.720. Esta probanza se realizará desde la óptica jurisprudencial, en su labor descriptiva, de sistematización y con un énfasis de sententia lata, mediante la sistematización de 57 sentencias de primera, segunda instancia y de la Excelentísima Corte Suprema entre el año 2015 y 2021. Este análisis evidenciará la tendencia que siguen nuestros tribunales de justicia nacionales hacia la acreditación de insolvencia del deudor a través de los antecedentes exigidos en el artículo 115 y 273, de tal manera de rechazar una solicitud sino se acredita aquella, siendo insuficiente su sola confesión espontánea. Entre los factores se destacan: el tribunal al cual se presenta la solicitud, juicios pendientes y cantidad de juicios a considerarse, sala de la Corte Suprema y su conformación, entre otros.
Sin duda, ayudará a los abogados y abogadas a revisar los criterios de nuestros tribunales de justicia al momento de presentar su solicitud de liquidación voluntaria y los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales de éstos al momento de resolver por su negativa. Para el abogado que tramita procedimientos concursales, conocer los factores más comunes de rechazo de solicitudes de liquidación voluntaria constituye una herramienta fundamental para prever el éxito de la acción que pretende ejercitar. De ese modo, puede asesorar mejor a su cliente, podrá fundamentar adecuadamente la solicitud de liquidación y, en su caso, recurrir fundadamente contra la resolución que niega lugar a la solicitud. Desde el punto de vista dogmático, la respuesta es muy importante para juzgar la calidad y conveniencia práctica de la norma en vigor, de cara a futuros cambios legislativos.
