LA VALORACIÓN PROBATORIA DEL DERECHO A LA SALUD
Una aproximación a partir de las demandas de medicamentos de alto costo
Prólogo
Sergio Fuenzalida Bascuñán
La política pública sanitaria se encuentra en riesgo vital. El rol adjudicador del poder judicial en materia sanitaria ha generado una importante distorsión en los mecanismos de creación e implementación de políticas públicas; toda vez que, por la vía del cumplimiento de fallos particulares dictados a propósito de recursos de protección, la industria farmacéutica asegura la venta de costosos medicamentos al precio que ellos unilateralmente impongan, jugando con la necesidad de un Estado bipolar que, de una parte, pretende hacer gestión de recursos públicos en forma eficiente, colectiva y progresiva pero que, de otra parte, exige obviar esa racionalidad distributiva tildándola de arbitraria e ilegal para casos concretos.
Reconociendo la complejidad de la problemática descrita, la que involucra factores jurídicos, políticos, económicos y sociales; este trabajo pretende limitarse a un tema específico, cual es descifrar qué puede exigírsele a los tribunales superiores de justicia para justificar adecuadamente las decisiones que están provocando esta fricción institucional. Para ello, se propone un estudio crítico de los fallos que se han dictado sobre la materia, identificando la existencia de una regla atributiva jurisprudencial que el máximo tribunal construyó a propósito del conocimiento y fallo de estas causas.
Es a partir de esta regla que el trabajo revisa tópicos tales como la determinación del presupuesto normativo aplicable y la valoración de la prueba allegada para acreditar las premisas fácticas de estos casos, siendo estas últimas particularmente complejas, toda vez que se relacionan con la determinación del riesgo vital de los pacientes demandantes, el beneficio terapéutico y la seguridad de los medicamentos demandados. Todo lo anterior en un escenario de incertidumbre científica respecto al valor terapéutico de los productos demandados, y donde, a su vez, se detecta la presencia de sesgos cognitivos por parte de los intervinientes.
A propósito de ello, el texto da cuenta de brechas importantes en la valoración probatoria y en la motivación de estas decisiones, concluyendo que no se logra justificar, social y racionalmente, el mediático rol adjudicador de los tribunales superiores de cara a la ciudadanía.
