La acción de protección, o recurso de protección, como es comúnmente conocido, es una de las herramientas más importantes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, destinado a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que los perturben, priven o amenacen. Consagrado en el artículo 20 de la Constitución de 1980, institución inicialmente introducida como parte del sistema de garantías constitucionales en un contexto político complejo, con el fin de proteger a las personas de actos arbitrarios o ilegales que vulneraran sus derechos, a lo largo del tiempo, se ha adaptado a las necesidades sociales de cada periodo histórico.
Desde su origen, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sido fundamental en la interpretación y aplicación de esta acción, consolidándolo como un mecanismo eficaz y expedito para restablecer el imperio de los derechos fundamentales. A través de una compilación de casos sometidos a conocimiento de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, durante los años 2023 y 2024, perseguimos proporcionar una reflexión y análisis detallado sobre las tendencias jurisprudenciales en torno al recurso de protección, abordando las temáticas que generan más disputas a través de esta acción en el panorama actual.
Las distintas secciones del libro se estructuran en torno a diversas temáticas que han sido objeto de pronunciamientos judiciales relevantes. Se analiza, en primer lugar, la autotutela ilícita y el derecho a la honra, abordando principalmente vulneraciones de derechos cometidas por particulares. Luego, se examinan casos que involucran a autoridades, como los relacionados con migración, seguridad social, sanciones administrativas, procedimiento administrativo y acciones contra municipalidades. Asimismo, se incluyen problemáticas en materia de salud, vivienda y copropiedad, medioambiente, entre otras. Estos temas no solo reflejan la diversidad de situaciones en que se recurre a la acción cautelar, sino también la evolución constante de la jurisprudencia, que, mediante un enfoque judicial riguroso, garantiza la protección de los derechos fundamentales conforme a los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Constitución.
