LA COLUSIÓN 
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Discusión legislativa y texto definitivo de la Ley N°21.091 sobre educación superior
El libro busca conceptualizar el derecho a la educación como un derecho fundamental, humano y social y analizar si es que dicho concepto fue o no recogido tanto en la discusión parlamentaria como en el texto definitivo de la ley 21.091 sobre educación superior. Para ello, aborda la regulación del derecho a la educación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Constitución y a nivel legal. En esa línea de ideas, la autora busca explicar como el derecho a la educación ha sido históricamente mal entendido como un bien de consumo desde el proceso de privatización de la educación superior iniciado en la década de los 80. Luego, se analiza la discusión parlamentaria de la ley 21.091 mediante el análisis de las sesiones realizadas durante su tramitación. Además de ello, se realizaron entrevistas personales a los diputados señores Jaime Bellolio, Giorgio Jackson y Cristina Girardi quienes al momento de la tramitación de esta ley, eran diputados miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Se pudo concluir que la discusión parlamentaria recoge parcialmente el concepto de derecho a la educación en los términos en que se definió en esta investigación. Al respecto, solo algunos parlamentarios lograron definir a la educación como un derecho social, contrastándolo con los bienes de consumo. Sin embargo, ninguno comprendió la tridimensionalidad en el concepto de derecho a la educación. En cuanto a la ley en estudio, esta define de manera inédita en nuestra legislación la educación superior como un derecho, sin embargo, el concepto adoptado por la ley es insuficiente, ya que no fue contemplada la tridimensionalidad del concepto. Además se pudo concluir que las normas que regulan la gratuidad presentan una serie de dificultades. En efecto, hay normas que limitan la universalidad del derecho a la educación, y en general se rigen bajo lógicas mercantiles. Así, también se observó la incertidumbre que genera el mecanismo de financiamiento de la Ley, la cual no da claridad de cuando se alcanzará la gratuidad universal.
